La constante fundamental en los 60 años de la economía socialista de Cuba ha sido su total incapacidad para generar un crecimiento adecuado y sostenible, sin ayuda y subsidios considerables de una nación extranjera, a fin de poder financiar sus importaciones con sus propias exportaciones. La historia de esta dependencia económica comenzó con España en la época de la colonia, continuó con Estados Unidos durante la primera república, se expandió de manera significativa con la Unión Soviética y finalmente con Venezuela desde el inicio de este siglo.
En los 30 años que transcurrieron entre 1960 y 1990, la Unión Soviética le concedió a Cuba 65.000 millones de dólares (el triple del total de la ayuda financiera que le entregó la Alianza para el Progreso de Kennedy a América Latina), mientras que, durante su apogeo en 2012, el comercio, los subsidios y la inversión de parte de Venezuela alcanzaron un total de 14.000 millones de dólares. A pesar de los extraordinarios subsidios foráneos que ha recibido, la economía cubana ha tenido un desempeño deplorable. En los últimos siete años, ha crecido una tercera parte de la cifra oficial declarada necesaria para un crecimiento adecuado y sostenible, mientras que la inversión ha sido una tercera parte de la tasa requerida. La producción de los sectores industrial, minero y azucarero está muy por debajo del nivel de 1989, y de los trece productos claves de la agricultura, la ganadería y la pesca, once han reducido su producción. Hoy en día, Cuba está sufriendo su peor crisis económica desde la década de 1990.
El turismo ha sido el más grande éxito de Cuba. De 2007 a 2017, se duplicó el número de visitantes, sobre todo debido a los estadounidenses cuyo número creció considerablemente luego de la apertura de Obama a partir de 2015. Sin embargo, el huracán Irma y las sanciones de Trump (la prohibición a los turistas estadounidenses de hacer uso de hoteles y restaurantes administrados por el Ejército y la alarma declarada debido al daño sónico sufrido por diplomáticos estadounidenses en La Habana) afectaron el flujo de turistas a finales de 2017 y en la primera mitad de 2018. La situación dio un giro a partir de septiembre de 2018, pero el aumento de turismo proviene principalmente de cruceros, que ofrecen a sus clientes alojamiento, comidas y excursiones, a diferencia de los turistas que llegan por aire y gastan mucho más dinero.
A lo largo de la revolución, Cuba ha sufrido un déficit fiscal anual en su comercio de mercancías, pero desde principios de siglo, se ha beneficiado de un superávit en la balanza de los servicios: el turismo y las exportaciones de personal sanitario vendidas principalmente a Venezuela. Dicho superávit era mayor al déficit en el comercio de mercancías. No obstante, a medida que la economía venezolana se debilitó, el superávit disminuyó drásticamente. Además, el suministro de petróleo de Venezuela se redujo a la mitad y el comercio de mercancías bajó a un tercio.
La explicación de la calamidad cubana ha sido el ineficaz modelo económico de planificación centralizada, empresas estatales y colectivización agraria que sus dirigentes han implementado pese a su fracaso a nivel mundial. Durante su década en el poder, Raúl Castro trató de hacer frente al legado de desastre económico que dejó Fidel, promulgando una serie de reformas estructurales orientadas hacia el mercado. Asimismo, abrió las puertas a la inversión extranjera, pero hasta ahora, el monto materializado ha sido una quinta parte del objetivo establecido por la dirigencia para el desarrollo sustentable. Por desgracia, el ritmo de la reforma ha sido muy lento, y se ha sometido a demasiadas restricciones, trabas e impuestos que impiden el avance de la economía privada y, por tanto, conspiran en contra del crecimiento que con tanta urgencia se necesita. Es tiempo de abandonar este modelo fallido y cambiar a uno más exitoso como en China y Vietnam.
El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, quien tomó posesión en 2018 —el primero de una nueva generación nacida después de la victoria revolucionaria—, está acorralado por el programa de Raúl y ha prometido el “continuismo”. La nueva Constitución, aprobada el 24 de febrero, tampoco introduce ningún cambio significativo al modelo resistente de planificación central predominante y propiedad del Estado por encima del mercado y la propiedad privada.
La única salida de este abismo para Cuba sería acelerar y profundizar las reformas, siguiendo los modelos exitosos de China y Vietnam de socialismo de mercado bajo el régimen del partido comunista, algo a lo que se oponen los miembros de la vieja guardia ortodoxa de Cuba, que ahora exceden los 80 años, pero que todavía mantienen puestos claves en el partido y en el gobierno.
La deficiente producción agrícola es resultado de la colectivización agraria y obliga a que se importen 1500 millones de dólares en alimentos cada año. La reforma agraria clave de Raúl Castro consistió en distribuir las tierras ociosas estatales entre los campesinos —pero sin que dejaran de pertenecer al Estado—, mediante contratos de veinte años que pueden cancelarse o no renovarse por motivos públicos o por baja productividad. Los campesinos deben vender la mayor parte de sus cosechas al Estado a precios fijados por este, por debajo de los precios del mercado. Las reformas chinas y vietnamitas concedieron la tierra durante 50 años o por periodos indefinidos y les permitían a los campesinos vender el producto a quién quisieran y al precio fijado por la oferta y la demanda. A los pocos años, ambos países ya eran autosuficientes en cuanto a sus alimentos y exportaban excedentes, en particular Vietnam, que le vende a Cuba 100.000 toneladas de arroz al año, que podrían producirse en territorio cubano. Si Cuba introdujera este tipo de reforma, resolvería la escasez crónica de alimentos y eliminaría sus importaciones.
El trabajo por cuenta propia provee empleo al trece por ciento de la fuerza laboral, genera un doce por ciento del PIB y ofrece alojamiento en casas particulares y excelentes comidas en restaurantes pequeños (paladares) a los turistas extranjeros. Sin embargo, el gobierno ha impuesto restricciones severas, ha suspendido las licencias para ciertas actividades y aumenta los impuestos de manera exponencial según el número de empleados contratados. La razón ideológica detrás de estas absurdas limitaciones es evitar la concentración de la propiedad y la riqueza, justo lo opuesto a lo que han hecho China y Vietnam, donde el sector privado es el más dinámico de la economía.
Si se implementaran las políticas antes mencionadas y se les permitiera a los inversionistas extranjeros contratar directamente y pagarles un salario completo a sus empleados, habría una mejora considerable en la economía y el gobierno podría emprender la unificación monetaria que tanto se necesita para atraer más inversión y eliminar las distorsiones que plagan la economía.
