Cuenta Piergorgio Sandri, que alguna vez le preguntaron al polémico presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, si se consideraba un dictador, a lo que contestó: “Si el dictador es el que dicta las leyes… ¡entonces sí soy un dictador!”. Habría que especificar que el tipo de leyes que ha dictado Obiang en sus 36 años de gobierno han sido para enriquecerse y favorecer a su familia y amigos, así como para reprimir a los ciudadanos guineanos. Sin embargo, eso parece no espantar a Mariano Rajoy, presidente de gobierno de España, o a otros dignatarios que no tienen resquemor en tomarse fotos con él y hacer negocios con el gobierno de Guinea Ecuatorial.
Pero esta vez no hablaremos de Obiang y sus fotografías con la élite política mundial, sino de un personaje más cercano que se ha vuelto famoso en el mundo por ser la principal amenaza para la libertad de expresión en México: el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Al igual que los gobiernos europeos destacan la labor de Obiang o destacaron la de Gadaffi en su momento, en 2012 la desteñida y deslegitimada Premio Nobel, Rigoberta Menchú, destacó las políticas de su gobierno a favor de los derechos humanos. Fue como premiar a los balleneros japoneses por su labor en conservación de los cetáceos. Un completo disparate.
Los veracruzanos tendrán una memoria más fidedigna de sus abusos, pero mi primera memoria de Duarte está fechada en agosto de 2011. En esos meses la guerra se recrudecía en el estado y en las redes sociales reverberaban los rumores de balaceras, secuestros y retenes. Un par de tuiteros fueron demasiado lejos en difundir una información sobre supuestos ataques a planteles escolares y en vez de ser desmentidos por el gobierno por el mismo medio, fueron acusados de sabotaje y terrorismo. En un país donde ni el más sanguinario de los Zetas ha sido acusado de terrorismo, la tipificación del delito y la posterior acusación contra a Gilberto Martínez Vera (@gilius) y María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo) es un claro ejemplo de populismo punitivo, de represión y de ataque a la libertad de expresión.
Parece que la libertad de expresión es el enemigo principal de Javier Duarte ya que se ha empeñado por todos los medios legales e ilegales en silenciar el estado. Sospecho que sólo quiere escuchar loas como las de Rigoberta Menchú o las que le brindó la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos al premiarlo por “defender a los periodistas” en 2013 . Duarte no ha defendido a los periodistas, los ha perseguido sin misericordia. A lo largo de su mandato han sido asesinados 12 periodistas y 3 permanecen desaparecidos, sin mencionar un número indeterminado de exiliados locales e internacionales que prefirieron el “aquí corrió” al “aquí quedó”.
Pocos se quedan. Uno de ellos es Martín Serrano, Director del Diario Tribuna de Xalapa, que ha soportado amenazas durante varias administraciones. La última a raíz de la colocación de una manta en sus oficinas que dan a la Casa de Gobierno reclamando por el asesinato de Regina Martínez y otros periodistas. Según la AP 115/FEADLE/2013, Serrano le narra al Fiscal Especial que uno de sus colaboradores, Alfredo Griz Cruz, se enteró de un supuesto plan para asesinarlo y luego de avisarle fue plagiado por un comando de individuos armados en la carretera federal Xalapa-Veracruz. Según la misma AP, Alfredo pudo escapar del intento de secuestro, pero sus vidas siguen corriendo peligro. Unos días después el gobernador declaró en tono amenazante que: “no hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”.
Este ataque se da unos meses después de que fueran encontrados los cuerpos de los periodistas Armando Saldaña y Octavio Rojas en el municipio de San José Cosamalapa, Oaxaca. Armando era locutor de la Ke Buena Radio 1260 AM y 100.9 FM y solía comentar sobre la política local y regional. Los gobiernos de Oaxaca y Veracruz se echan la bolita mientras su hija defiende su reputación: “No sabemos por qué lo mataron. Él no le debía nada a nadie”. El caso de Octavio, colaborador de la sección policiaca del Buen Tono, está cubierto de la misma impunidad. Al respecto es importante destacar que la redacción del Buen Tono ya había ido atacada en noviembre de 2011 cuando fue incendiada por un grupo armado.
Además de las agresiones a periodistas, Veracruz es uno de los estados donde más desapariciones forzadas e involuntarias han sido cometidas en México. El 21 de junio, para conmemorar el día del padre, un valiente grupo de familiares de personas desaparecidas desafiaron el miedo y salieron a las calles de Xalapa y Veracruz para exigir a la administración de Duarte justicia e investigaciones eficientes y expeditas. Entre sus consignas estaba: “Si no tenemos paz, el gobierno tampoco”. Pero parece que la única paz que conoce el estado es la de las fosas, pues en los últimos meses han sido halladas varios sitios de enterramiento clandestinos, sobre todo en el sur de Veracruz. Familiares indican que pueden ser muchas más, pero necesitan del apoyo de la sociedad, seguridad por parte del Estado y el auxilio de peritos forenses independientes para que las identificaciones se realicen de acuerdo a estándares internacionales.
Si esto fuera poco, a un día de las elecciones, un comando armado con machetes, bates y palos picos atacó a un grupo de 8 jóvenes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV). En cualquier otro lado se pediría auxilio a las autoridades, en Veracruz se sospecha de ellas. De hecho, estudiantes y profesores de la UV han responsabilizado del ataque al director de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), Arturo Bermúdez Zurita. Aunque las autoridades negaron “rotundamente” la participación en los eventos, han dicho tantas mentiras y le han fallado tantas veces a la sociedad veracruzana que, aunque dijeran la verdad, nadie les creería.
La última treta de Javier Duarte, que llegó a decir que los únicos crímenes que se cometían en el estado eran robos de frutsies y pingüinos, ha sido tratar de modificar el reglamento de tránsito para prohibir las marchas “espontáneas” y obligar al peatón caminar siempre del lado derecho. Por fortuna, asociaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Artículo XIX se inconformaron con el reglamento pues “contenía aspectos regresivos para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta y frente al espacio público”. El resultado es que unos días después el Gobierno publicó una “fe de erratas” arreglando los artículos maquilados para restringir la libertad de protesta.
Ante el clima de violencia, represión e impunidad que vive la entidad, este tipo de victorias deben de celebrarse. Opino lo mismo sobre el esfuerzo de periodistas y escritores para la cancelación del Hay Festival en Xalapa. Aunque los críticos afirman que la protesta dejó sin un maravilloso festival a los xalapeños, hay veces que se tiene que recurrir a medidas drásticas para que la comunidad internacional sepa que en uno de los estados más ricos y diversos de México pareciera que los únicos que tienen permiso para caminar en paz por las calles de sus ciudades son los sicarios.
