El 11 febrero de 2014, en medio de la polémica generada por las llamadas “reformas estructurales” que el presidente Enrique Peña Nieto estaba impulsando, el senado mexicano aprobó la Ley Antiterrorista en una votación apresurada, de esas que suelen denominar fast track. Mientras otro tipo de legislaciones urgentes como la Ley General Sobre Desapariciones Forzadassiguen durmiendo el sueño de los justos en las congeladoras de cámaras, los diputados y senadores el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) rápidamente se pusieron de acuerdo en reformar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Extinción de Dominio para dotar a México de una legislación antiterrorista “de vanguardia”.
El desconocimiento de la realidad mexicana –y su mafiosa y oportunista clase política así como su ineficiente sistema de justicia- nos pueden llevar a pensar que dicha legislación fue pensada para castigar eventos como el ocurrido en Allende, Coahuila en marzo de 2011, donde comandos de los Zetas entraron al pueblo en una intervención punitiva y saquearon y destruyeron más de 50 casas, para después secuestrar, asesinar y cremar a más de 300 personas. O quizás para eventos más recientes como los 11 cuerpos decapitados que fueron arrojados en la comunidad de Ayahualulco en el municipio de Chilapa de Álvarez, en medio de la crisis de violencia e inseguridad que vive el estado de Guerrero y que se ha visibilizado después de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala.
No es así. La violencia atribuida al “narco” o al "crimen organizado” nunca estuvo en las miras del ejecutivo y los legisladores que apadrinaron estas reformas. La reforma antiterrorista que llevó a cabo la actual administración no difiere de otras legislaciones a nivel mundial que le ponen la etiqueta de terrorista a lo que quieren que sea terrorismo, tal como lo dicen las primeras estrofas del poema Ethics for Everyman de Roger Woddis:
Throwing a bomb is bad
Dropping a bomb is good
Terror, no need to add,
Depends on who’s wearing the hood.1
Para la Administración de Enrique Peña Nieto, los “terroristas” serán aquellos que:
Intencionalmente realicen actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.2
Como en otras definiciones terroristas alrededor del mundo, la definición es vaga y específica al mismo tiempo. En el complejo contexto mexicano esta definición podría incluir los actos de Miguel Ángel Treviño, el Z40, ex lugarteniente de los Zetas que está implicado en la ya mencionada masacre de Allende, así como en decenas de desapariciones y homicidios. También pudiera servir para acusar a los policías municipales que primero dispararon y luego desaparecieron a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de este año. Y qué decir de aquellos que cuelgan cuerpos de puentes, avientan cabezas a pistas de baile, disuelven cuerpos en soda cáustica como si fuera un capítulo de Breaking Bad, o cometen extorsiones, homicidios o desapariciones selectivas para aterrorizar a los habitantes de pueblos y ciudades, en lo que normalmente conocemos como “calentamiento de plaza”.
Aunque parezca increíble, la nueva normativa terrorista estuvo a punto de estrenarse en un caso completamente ajeno a este espiral de hiperviolencia que viven varias regiones de México. Hablo del caso de las 11 personas que fueron arrestadas arbitraria e ilegalmente el 20 de noviembre de 2014 cuando en un operativo sin precedentes, la Policía Federal y la Policía del Distrito Federal llevaron a cabo un operativo para “limpiar” la plancha del Zócalo al final de una inmensa y pacífica manifestación en reclamo por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Estas 11 personas -8 hombres y tres mujeres, la mayoría estudiantes- fueron arrestadas selectivamente, golpeadas, torturadas psicológicamente y llevadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde en un principio se les acusó de motín, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y terrorismo. Si, leyó bien: terrorismo. Como todos eran delitos graves no tuvieron posibilidad de salir bajo fianza. Es más, se les mantuvo incomunicados y no se permitió que recibieran ayuda de sus abogados de confianza. Aunque a última hora les fueron retirados los cargos de terrorismo y delincuencia organizada, con los cargos imputados, y en asombrosa flagrancia al debido proceso judicial, fueron trasladados a penales de alta seguridad. A la mitad de la noche, las mujeres fueron enviadas a Nayarit y los hombres a Veracruz, como si se tratara de peligrosos delincuentes.
Triunfo de la Sociedad Civil Organizada
En un notable triunfo de la sociedad civil organizada, nueve días más tarde las 11 personas fueron liberadas por no haber suficientes pruebas en su contra. Lo considero un triunfo porque a través de la socialización de las historias de vida de los detenidos, la asistencia jurídica gratuita, la aportación de fotos y videos para demostrar su inocencia y la presión que se ejerció en la calle y en las redes sociales con hashtags que se convirtieron en Trending Topics como #TodosSomosPresos o #TodosSomosCompas3 se pudo evidenciar a un Estado sin entrañas que no le importó arruinarle la vida a 11 familias. Sin embargo, queda el primer intento descarado de usar la nueva normativa antiterrorista del orden federal para criminalizar la protesta social legítima.
El del 20 de noviembre no fue el primer intento. En agosto de 2011 el Gobierno de Veracruz, liderado por Javier Duarte del PRI, dictó auto de formal prisión por el delito de terrorismo contrados twitteros por difundir mensajes que sembraron pánico en la región de Alvarado y Boca del Río. Los mensajes advertían sobre una supuesta bomba en una escuela del Municipio de Alvarado. Como en el caso del #20NovMx, los cargos fueron retirados ante la presión social.
Decía el escritor Carlos Monsiváis que “la política es el arte de vender simultáneamente el gozo de la estabilidad y la paranoia ante el caos.” Para mí eso significa que el gobierno mexicano haya aprobado y esté pensando en usar una legislación antiterrorista en un contexto tan grave de violencia, crimen y violaciones a Derechos Humanos como el que atraviesa el país. Sobre todo después de que el caso #Ayotzinapa nos ha permitido constatar una temible realidad que ya intuíamos: que en muchas regiones del país el gobierno –en sus tres niveles y poderes- no está infiltrado con el crimen organizado, es el crimen organizado. Ante esta terrible verdad que se empieza a materializar frente a nuestros ojos, sería bueno copiar la intentona de la Administración de Peña Nieto y rescatar nuestra propia definición de terrorismo, pero de Estado, y adaptarla al contexto de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico.
Referencias:
1 Aventar una bomba es malo / Dejarla caer es bueno / El Terror, no hay necesidad de explicar / depende de quien use la capucha. Para ver el poema completo: http://www.merv-lambert.co.uk/Merv/poems.html
2 Para ver el decreto completo hay que revisar el Diario Oficial de la Federación del 14 de marzo de 2014 disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337124&fecha=14/03/2014
3 Este hashtag surge después de que funcionarios de la PGR declararan que una de las pruebas contra los detenidos es que entre ellos se llamaban “compas” –amigos- lo cual indicaba que pertenecían a un grupo subversivo.
