En un trabajo anterior (1), anunciábamos con cautela una intensificación del conflicto político entre niveles de gobierno en Argentina, dado el recrudecimiento de las presiones fiscales sobre el tesoro nacional. El deterioro económico (recesión e inflación alta) y la posibilidad de convocar a una reforma constitucional para permitir la re-reelección del Ejecutivo generaron en 2013 el surgimiento de una facción disidente dentro del Peronismo y despertaron estrategias de coordinación defensivas por parte de los gobernadores frente al gobierno central.
Cuando promediaba el segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner, el desgaste de la gestión llevó a los gobernadores provinciales a profundizar los esfuerzos de coordinación frente al gobierno central para reclamar mayores recursos fiscales con los que atender la enorme cantidad de empleados públicos y enfrentar las pesadas obligaciones de deuda. El deterioro de todos los indicadores económicos a partir de 2012, como la caída del nivel de actividad general e industrial, el descenso en la inversión extranjera directa y la mayor vulnerabilidad del sector externo (caída del comercio exterior, aumento del déficit energético, conflicto judicial con holdouts), disminuyeron no solo la intención de voto de los candidatos kirchneristas, sino también los recursos coparticipables que percibían las provincias. Todo ello repercutió negativamente en los votos recibidos por el oficialismo en las elecciones legislativas de 2013 y llevó a una baja histórica en la imagen positiva de la Presidenta.
Sin embargo, el gobierno pudo avanzar su agenda legislativa sin mayores contratiempos, gracias a la disciplina del bloque kirchnerista en el Congreso. Las elecciones de hace dos años consolidaron tendencias históricas, como la profundización de las diferencias entre el sistema de partidos nacional y los subnacionales, y a la consolidación de sistemas partidarios provinciales, que alimentan el volumen y disciplina del contingente legislativo del Presidente. Armada de una mayoría disciplinada en el Congreso y de recursos frescos del sistema jubilatorio estatizado y las utilidades del Banco Central, Cristina Kirchner continuó privilegiando el consumo antes que la inversión, y la apreciación cambiaria por sobre la implementación de reformas ortodoxas de la macroeconomía, lo cual contribuyó a mejorar su imagen positiva, hasta alcanzar en estos días los 40 puntos.
Además, en los últimos meses, la Presidenta reorganizó su gabinete, recostándose en individuos leales por sobre los líderes territoriales del Peronismo. Cristina Kirchner logró sostener una parte sustantiva de su apoyo político, a partir de un eficiente manejo de la distribución de fondos federales y de la debilidad fiscal de las provincias. Su gobierno usó, fundamentalmente, incentivos individuales para mantener a raya a los gobernadores de su propio partido: desde el monto de fondos federales para la obra pública, el timing de los envíos de coparticipación de impuestos, hasta la reprogramación trimestral de las deudas provinciales.
Si bien es cierto que la Presidenta parece haberse divorciado de las clases medias en las provincias metropolitanas (donde se concentra la mayor cantidad de votos) y que la actividad económica no se reactivó (a pesar de las políticas de incentivo al consumo y a la producción manufacturera local), el Poder Ejecutivo impidió exitosamente que se modifique la actual distribución de recursos y funciones entre niveles de gobierno, que continúa beneficiando al gobierno central.
Los gobernadores, es cierto, mantienen un alto poder político en sus distritos y constituyen un apoyo fundamental de la Presidenta para movilizar votantes y legisladores nacionales. Pero la clave no está tanto en el poder político de los gobernadores, sino en su capacidad de coordinación y sobre todo en la capacidad del Presidente de dividirlos.
A tres meses de las primarias presidenciales, los 19 gobernadores oficialistas continúan enfrentando claros dilemas de acción colectiva: el principal de ellos, es que no pueden decidir quién será el candidato presidencial por el Peronismo sin la participación directa del gobierno nacional y sus aliados no-peronistas. Uno de los pre-candidatos del Peronismo emergió de esa liga de gobernadores (Scioli), pero disputará las primarias con un ministro del gabinete nacional (Randazzo). Otro ministro (Kicillof) es empujado por el sector no-peronista de la coalición presidencial para integrar la fórmula como candidato a vicepresidente. El ganador de esa interna oficialista tendrá que enfrentar a la coalición opositora liderada por el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y al líder disidente del Peronismo en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa.
En este escenario, Presidenta y gobernadores peronistas se necesitan mutuamente. Las diferencias y la relativa autonomía entre las dinámicas de la arena electoral nacional y las provinciales someterán a la Presidenta a permanentes negociaciones con los líderes regionales para garantizar la estabilidad de su coalición hasta las elecciones generales de octubre. De pasar la prueba, sin descuidar el dominio sobre el tesoro nacional, la Presidenta habrá asegurado su supervivencia política y posicionado al Poder Ejecutivo de la federación argentina como un Primus entre Pares.
Referencias:
(1) Gónzalez, Lucas y Miguel Ignacio Mamone (2014) “Presiones fiscales y conflicto político en Argentina: La intensificación de las tensiones entre un Primus y sus Pares” Revista de Ciencia Política, Vol 34 (1), pp. 3 – 36.
