Las escuelas normales rurales son escuelas destinadas a la formación de maestros para las áreas rurales de México, a la que acuden hijos de campesinos y de comunidades indígenas. Surgieron en el espíritu de la revolución mexicana, cuando fue nombrado José Vasconcelos a cargo de la Secretaría de Educación Pública en 1921, bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Desde 1927 se legisló para que tuvieran internado y becas para sus alumnos. A partir de modificaciones que atentaban contra la democracia original de estas casas de estudio, los estudiantes de las normales se nuclearon en 1935 conformando la “Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México” (FECSM).
Durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1936) se impulsó una educación socialista, que tuvo pocas repercusiones en los institutos universitarios a nivel nacional, pero cuyo bastión fueron las normales rurales.
En 1968 las normales participaron de la gran movilización estudiantil que terminó en la trágica jornada conocida como “la noche de Tlatelolco”. En aquella masacre, ocurrida el 2 de octubre de 1968, militares y policías asesinaron entre 30 y 300 personas en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la zona de Tlatelolco en la Ciudad de México. Como represalia se cerraron 14 normales rurales, y en la actualidad sólo perduran 16.
Un Estado “Caliente”
En la década de los ‘60 un maestro recibido en una de estas normales rurales (la mundialmente conocida Escuela Normal Rural de Ayotzinapa) fundaría una guerrilla en la sierra de Guerrero: el Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento. Lucio Cabañas, el fundador del Partido de los Pobres, caería en manos de la represión el 2 de diciembre de 1974.
El estado de Guerrero, al poniente del Distrito Federal, se ha caracterizado por sus constantes levantamientos, desde la guerrilla de Lucio Cabañas hasta las sistemáticas desapariciones en manos del narcotráfico. De los más de 50 gobernadores que ha tenido, sólo 7 terminaron su mandato. Pareciera que el actual gobernador, Ángel Aguirre, del PRD, va encaminado a terminar como la mayoría de sus antecesores.
En el 2012, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa también fueron reprimidos por la policía de Guerrero cuando se manifestaban contra los recortes presupuestarios que viene impulsando el gobierno nacional contra las escuelas normales rurales, a las que ve como “nichos de comunistas”. En aquel 2012 dos estudiantes perdieron la vida. “Es lo que pasa siempre” se escuchaba en la calle.
Ese mismo año, el dos de diciembre –como si de las cenizas de Lucio Cabañas resurgiera el espíritu de un pueblo que no está dispuesto a perecer en manos de la represión- se daba a conocer la Policía Ciudadana y Popular de Guerrero. Una policía comunitaria, democrática, surgida desde abajo, que elige a sus miembros en asamblea y que tiene una finalidad específica: defender a las comunidades campesinas e indígenas de la inseguridad por parte del narcotráfico y de la represión policial. Defenderse de esa policía que es el brazo armado de un estado que muchas veces es garante de los intereses de los poderosos. La represión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra más de que en México el estado de derecho es muchas veces débil.
¿Una Guerra contra el Pueblo?
El 11 de diciembre de 2006, el ex presidente Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), impulsó una “Guerra contra el Narcotráfico”, apoyado por el gobierno estadounidense. Para ello además se tomaron medidas acorde a las recomendaciones del Banco Mundial y del FMI, como el recorte presupuestario a la educación, el sentar las bases de la privatización del petróleo y la disminución del déficit fiscal. El actual Presidente, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió en el 2012 y profundizó las medidas iniciadas por su antecesor. En menos de dos años avanzó con la reforma energética y recortó el presupuesto educativo. La represión aumentó, incluso en la movilización estudiantil del 2 de octubre del 2013 al Zócalo -como recordatorio de la masacre de Tlatelolco-, cuando más de 100 estudiantes cayeron presos, y la marcha estuvo rodeada de principio a fin por el cuerpo de Granaderos[1].
Desde que se inició la denominada “Guerra contra el Narcotráfico”, en México hay más de 22 mil desaparecidos y más de 120 mil muertos. Desde que asumió Peña Nieto, hace menos de dos años, son más de 9.500 las víctimas de la desaparición forzosa.
En el marco de la reforma educativa llevada adelante es que los normalistas y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional decidieron salir a las calles.
“Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos”
El pasado 26 de septiembre, los estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa se encontraban en Iguala haciendo actividades de recaudación de fondos para poder acudir a la marcha del 2 de octubre al Zócalo. De repente una ráfaga de disparos de la policía municipal de Iguala se cobró la vida 3 estudiantes, 3 civiles más y causó más de una veintena de heridos, entre los que se encuentra un normalista en estado de coma. Luego de la feroz represión –una verdadera “ejecución extrajudicial”–, la policía municipal detuvo a 43 estudiantes. Los 43 normalistas detenidos todavía se encuentran desaparecidos, y según recientes informaciones, no serán encontrados con vida. Tal como informó el fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam, tres sicarios confesaron que los jóvenes fueron asesinados y sus restos quemados, depositados en bolsas y arrojados a un río cercano.
El fiscal del caso determinó la culpabilidad del intendente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien dio la orden de detener a los normalistas. También señaló que los estudiantes detenidos fueron entregados al grupo paramilitar “Guerreros Unidos”, poniendo de manifiesto los lazos entre el estado y el narcotráfico.
En estas últimas semanas se encontró una gran cantidad de fosas comunes. Las autoridades del estado quisieron vincularlas a los estudiantes de Ayotzinapa, pero luego tuvieron que desmentirlo. Después nadie más habló de los cuerpos mutilados que se encontraron en las fosas. Los familiares, apoyados por muchas organizaciones civiles, acordaron que sólo van a esperar y a considerar válidos los resultados que arroje el estudio realizado por el equipo argentino de antropología forense.
La sociedad mexicana parecía no despertar ante la brutalidad del acontecimiento. Pasaron tres semanas hasta que el movimiento estudiantil se puso de pie y se animó a gritar la indignación que tenía atorada en la garganta. Distintas facultades convocaron asambleas, se realizó una asamblea interuniversitaria y se definió un plan de lucha.
El plan de lucha incluyó paros de 48 horas, movilizaciones, levantamientos de barreras de peajes, brigadeos en facultades que no cerraban, en metros y en barrios. La semana del 20 al 24 de octubre se logró que facultades que no suelen cerrarse adhirieran al paro. Tal es el caso de la escuela de Derecho de la Universidad Nacional de México (UNAM), por dar un ejemplo, que realizó un plebiscito en el que la opción por el paro resultó abrumadoramente superior.
La marcha de solidaridad con Ayotzinapa, convocada para el miércoles 22 de octubre, fue un éxito rotundo, con cientos de miles en las calles. Una multitud silenciosa y con velas, sin banderas de partidos políticos, entraba a las 20 horas al Zócalo, y a las 20.30 la gigantesca plaza ya estaba repleta. A las 22.30 todavía la retaguardia se encontraba en el Palacio de Bellas Artes, ubicado a 6 cuadras del Zócalo. También hubo marchas a las embajadas y consulados de México en distintos puntos del planeta, en Francia, Alemania, Brasil, Argentina, Costa Rica, Colombia, Venezuela, por nombrar algunos puntos. El parlamento europeo se pronunció pidiendo la aparición de los normalistas y el esclarecimiento del caso.
Sin embargo, la persecución estudiantil no deja de ser moneda corriente, desde amenazas a estudiantes que están participando del movimiento, hasta correos por parte de las autoridades de la UNAM advirtiendo a los estudiantes de intercambio sobre la recesión de su movilidad estudiantil a causa de su participación.
“Caminante no hay Camino, se Hace Camino al Andar”
Los familiares de las víctimas fueron hace unos días a encomendarse a los pies de la Virgen de Guadalupe, Virgen morena que se habría aparecido hace más de 4 siglos a un joven indígena, Juan Diego. “¿A quién nos vamos a encomendar – decía el padre de un joven desaparecido- si el estado desapareció a nuestros hijos? Sólo podemos confiar en la Virgen y en la policía comunitaria”. Los familiares, campesinos indígenas, se encontraron con que la puerta de la Basílica de Guadalupe se les cerró en la cara.
La Asamblea Interuniversitaria, que cuenta con delegados de más de 130 instituciones, se ha seguido reuniendo para resolver el plan de lucha a seguir.
Mientras tanto, la Asamblea de los Pueblos, que llevan adelante los estudiantes de las distintas escuelas normalistas, ha realizado un plan de lucha que incluye paro por tiempo indeterminado, la renuncia y el juicio tanto del gobernador de guerrero como del jefe municipal de Iguala, el bloqueo a multinacionales como Bimbo y Coca Cola y la toma de los tres poderes en el estado de guerrero. Hace unas semanas se incendió la intendencia de Iguala.
La situación es crítica y el gobierno se encuentra en una encrucijada. Pero el movimiento popular también; deberá buscar las formas organizativas que plasmen la realidad que viven y que restablezca un estado de derecho. Esperemos que no se vuelva a establecer la “dictadura perfecta” del PRI, como alguna vez la llamó el escrito Mario Vargas Llosa. Los 43 estudiantes desaparecidos destaparon la fosa hedionda y pestilente de un estado al que le cuesta garantizar derechos mínimos, y que a veces parece atentar contra ellos.
Nota:
1) El cuerpo de Granaderos es un cuerpo especializado de la policía. Su función es específicamente la represión y el romper manifestaciones. En el pliego reivindicativo del movimiento estudiantil de 1968 se pedía la abolición de dicho cuerpo. Cuarenta y seis años después sigue vigente.
