El ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas del Hemisferio Occidental es una esfera donde, a pesar de que aún falta mucho por avanzar, se han dado importantes progresos. El tema de derechos políticos, entendidos como el poder elegir y el poder ser electo, y la capacidad de los estados de garantizar su pleno ejercicio, ha sido ampliamente analizado tanto desde el ámbito académico como desde la práctica.1 En este cuerpo de investigación, se concibe la democracia como una forma de organizar el poder en la sociedad a fin de ampliar el ejercicio de estos derechos, evitar o limitar la dominación de individuos o grupos que impidan ese objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática.2 En otras palabras, la democracia debe apuntar a reducir o, al menos, mediar las desigualdades por medio de la redistribución del poder a fin de que se logre el pleno ejercicio de los derechos políticos. Esto se debe traducir en políticas que beneficien a todos los sectores y actores, no sólo aquellos que por sus capacidades económicas puedan tener mayores niveles de influencia política.
El Índice de Democracia Electoral (IDE), propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su estudio titulado “La Democracia en América Latina,” permite medir los avances en materia de democracia electoral en una escala del 0 al 1.3 Aunque minimalista en su análisis sobre la capacidad de la democracia para distribuir el poder, concentrando el enfoque sólo en el acceso al poder en elecciones mas no en su ejercicio, el IDE dibuja un escenario favorable para la democracia en América Latina. En una escala de 0 a 1, el progreso para la región ha sido notorio. Mientras en los años 90 el promedio del IDE para la región era de 0.86, este indicador mejoró para 2002 cuando se logró un promedio de 0.93. A partir de estos datos, y de un breve repaso sobre el estado del ejercicio de derechos políticos en la región, se puede plantear lo siguiente:
(1) En la esfera del IDE vinculada al elector, el derecho al voto es donde más avances se han dado. Todos los países de la región reconocen el derecho universal al voto. Aunque en algunos países persisten restricciones al voto para militares en ejercicio, policías, el clero así como a ciudadanos condenados o en espera de juicio, cada vez son menos los que mantienen esas limitaciones. Más aun, mientras hace 10 años los países de América Latina no garantizaban esta faceta del derecho a sus ciudadanos en el exterior, actualmente sólo un país, Uruguay, prohíbe el voto de sus ciudadanos en el exterior.4 El balance apunta a que, en la actualidad, hay un reconocimiento amplio al derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes.
(2) El número de casos de elecciones con irregularidades significativas ha venido en descenso en la región. Mientras en los años 90 se dieron tres casos de elecciones cuya limpieza fue cuestionada, para 2002 no hubo ningún caso. Aunque ha habido señalamientos de irregularidades, no hay casos en los que se atentó significativa y masivamente contra la limpieza de una elección.
(3) En materia de elecciones libres, tal y como es definido por el IDE, persisten retos en cuanto a la competitividad de las elecciones. Siendo esto una faceta de las elecciones democráticas difíciles de documentar, pero que influye directamente en la integridad de las elecciones, el Índice de Integridad Electoral señala que de las nueve elecciones de América Latina evaluadas en cuanto a su integridad entre 2012 y 2013, más de la mitad contaron con niveles moderados y altos de integridad con pocos casos acercándose a integridad baja (Honduras).5
Un elemento más vinculado a la libertad en el ejercicio del derecho al voto tiene que ver con la posibilidad de que cualquier partido, agrupación, o movimiento político en la región está hoy habilitado para participar en elecciones, sin restricción alguna debido a razones ideológicas o de otro tipo.
Un último elemento evaluado por el IDE, y donde aún persisten riesgos, tiene que ver con la capacidad estatal para garantizar la seguridad física de los candidatos. Mientras que para 2002 el caso de Colombia era la excepción en cuanto a la posibilidad de atentados contra candidatos y candidatas, en la actualidad otros países como México y Honduras exhiben riesgos en este sentido. Un análisis más profundo de la influencia del crimen organizado en las elecciones en estos países permitiría explicar este fenómeno.
(4) El cuarto componente evaluado por el IDE aborda la capacidad estatal de garantizar que los candidatos electos (a nivel presidencial y parlamentario) asuman sus cargos, por un lado, y se respeten sus mandatos tal y como lo estipula el régimen constitucional, por otro. En este aspecto, el balance hasta el 2002 era favorable en la primera de las facetas. Sin embargo, en la segunda se constataron intentos de remover del poder a gobernantes por medios no democráticos. Mientras que en el período anterior a 2002 el IDE registra siete de estos casos, entre 2003 y el presente se dieron apenas dos de estos casos (Honduras 2009 y Ecuador 2010). Aunque no asemejaron los clásicos golpes militares de antiguas décadas, estos casos resaltan los riesgos todavía existentes a la institucionalidad democrática en la región.
Retos Importantes Sobre el Derecho a ser Electo
Una breve revisión de los avances permite sostener que existe un amplio consenso sobre el sufragio como derecho político básico y como mecanismo para dispersar el poder como contrapeso a las desigualdades económicas. Sin embargo, todavía existen retos importantes sobre la segunda faceta de ese derecho, a saber, el derecho a ser electo. Esto incluye la capacidad de todos y todas las candidatas de competir con un piso mínimo de igualdad. En este sentido, las mismas asimetrías que se dan en el ámbito económico se replican en el ámbito de la competencia electoral, limitando significativamente la posibilidad de dispersar o redistribuir el poder político a nivel de puestos electos. Vale resaltar tres reflexiones fundamentales sobre este tema:
A) Selección de los candidatos: La selección de las candidaturas para presidente y para las listas electorales (para elecciones congresales y sub-nacionales, entre otras) es una de las más importantes decisiones que toma un partido político como órgano colegiado. Las reglas para la selección de estas autoridades, y estos liderazgos, tienen el potencial de fomentar mayor equidad e inclusión política. Esto se hace relevante dado el hecho de que los partidos son la puerta de entrada a los espacios donde se maneja el poder político. Doce de los 18 países de América Latina utilizan algún mecanismo institucionalizado para la selección de sus candidatos. Sin embargo, la práctica muestra una brecha importante entre el grupo de activistas políticos que conforman la militancia de un partido y el grupo que termina siendo nominado a las listas. Un ejemplo que ilustra esta disparidad afecta directamente a las mujeres militantes de partidos. Según datos de IDEA Internacional, mientras las mujeres constituyen en promedio el 50% de la militancia de los partidos, apenas representan el 20% de las dirigencias y un mismo porcentaje en las listas a cargo de elección, a menos que existan mecanismos de discriminación positiva para este grupo.6
B) Inclusión de mujeres: La existencia de cuotas revela otro consenso amplio. A saber, la necesidad de abrir espacios para la inclusión política de mujeres y de compensar los obstáculos producidos por otros tipos de desigualdades, incluida la económica. Entre 1991 y 2013, quince países de América Latina adoptaron y/o utilizaron cuotas.7 Para 2013, el debate en algunos países pasó hacia la paridad. Cuatro países (Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México) han adoptado la paridad política para cargos públicos representativos nacionales.8 Sin duda, los riesgos de inequidades políticas se dan tanto a nivel de la oferta electoral y competencia por el poder, como en su ejercicio, siendo las mujeres, grupos minoritarios y vulnerables quienes experimentan condiciones distintas de acceso.
C) Financiamiento de las campañas electorales: El sistema de financiamiento político, y de las campañas en particular, afecta la igualdad de oportunidades entre candidatos en una elección pues las asimetrías en el acceso a los recursos para las campañas determinan la equidad en el ejercicio del derecho de acceso al poder. En casos donde el acceso asimétrico es la regla, los candidatos no compiten en igualdad de condiciones. De ahí la importancia de regular y reformar los sistemas de financiamiento a fin de generar mayor equidad en la competencia. Más aun, los vínculos entre dinero y política son permanentes. La relación dinero/política no se limita al financiamiento de la política o de las campañas, sino que está presente en la gestión diaria del gobierno, en la decisión de políticas públicas, en la discusión y aprobación de leyes. El problema se plantea cuando las decisiones y actos de gobierno se adoptan porque alguien las "compra" o porque el funcionario busca una ventaja económica personal.
Más allá de las pautas que nos da la práctica política, el IDE propuesto por PNUD sirve para orientar el análisis sobre las facetas de los derechos políticos de los ciudadanos en América Latina. Una actualización de esos datos, sin duda, contribuiría al análisis de la problemática en la región.
Referencias:
1) Para mayor abundamiento, considerar a los siguientes autores: Bowman, Kirk, Fabrice Lehoucq, and James Mahoney. 2005. “Measuring Political Democracy: Case Expertise, Data Adequacy, and Central America,” Comparative Political Studies Vol. 38, Nº 8: 939-70; Munck, Gerardo L. and Jay Verkuilen. 2002. “Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices,” Comparative Political Studies Vol. 35, Nº 1: 5-34; Munck, Gerardo L. 2005. “Measuring Democratic Governance: Central Tasks and Basic Problems,” pp. 427-59, in Deepa Narayan, ed., Measuring Empowerment: Cross- Disciplinary Perspectives (Washington, DC: World Bank); Munck, Gerardo L. 2009. Measuring Democracy: A Bridge between Scholarship and Politics. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press.
2) Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010). “Nuestra Democracia”.
3) El Índice de Democracia Electoral (2004) es presentado por primera vez en el estudio de PNUD titulado “La Democracia en América Latina” construyendo sobre discusiones previas en el ámbito académico. Es un índice agregado de cuatro aspectos de las elecciones democráticas, a saber: derecho al voto, elecciones limpias, elecciones libres, y cargos públicos electos. Para más información, ver: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-semin...
4) En Marzo 2014, el Congreso de Chile.
5) Este índice evalúa las percepciones de expertos en cuanto a la integridad de las elecciones. Evalúa las elecciones legislativas y presidenciales nacionales que ocurrieron en 66 países del mundo entre julio 1, 2012 y diciembre 31, 2013 (excluidos los Estados más pequeños, con una población inferior a 100.000), desde Albania hasta Zimbabue. Se cubren 9 elecciones ocurridas en 8 países de América Latina. Inmediatamente después de cada elección, la encuesta pregunta a los expertos nacionales e internacionales sobre la calidad de la elección en el marco de 49 indicadores. Estas respuestas son luego agrupadas para construir un Índice de Integridad Electoral (PEI) de 100 puntos.
6) Roza, Vivian, Beatriz Llanos y Gisela Garzón de la Roza. “Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente”. BID e IDEA Internacional. Lima. 2010.
7) Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Brasil. Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Honduras, Uruguay (2014), y El Salvador (2013).
8) Archendi, Nélida y Maria Inés Tula. “Cambios Normativos y Equidad de Género: de las Cuotas a la Paridad en América Latina” en América Latina Hoy, 66, 2014, pp. 47-68.
