En Siete Años, Ni Una Sola Sentencia Por Secuestro en Guerrero

Aunque parezca sorprendente, de 2006 a 2013 ni un solo secuestrador ha sido condenado en el Estado de Guerrero. A través de la solicitud de transparencia con folio 0013214, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) ha revelado que de 1990 a 2013 han sido emitidas 76 sentencias condenatorias. De esas sentencias ninguna fue emitida durante los últimos siete años, lo cual nos pone de manifiesto un sistema de procuración de justicia prácticamente inoperante, al menos en el tema de secuestro.

En el caso de Guerrero no hay excusa posible, ningún funcionario estatal o federal se atrevería a declarar que no ha habido condenas porque no ha habido delitos. De hecho, a finales de marzo, Renato Sales Heredia, Coordinador Nacional Antisecuestros, se reunió con empresarios acapulqueños y afirmó que Guerrero se encontraba en el tercer lugar nacional tanto en número de secuestros como en secuestros por cada 100,000 habitantes. Según datos obtenidos por transparencia y que cuadran con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2011 a 2013 la PGJEG tiene registradas 509 denuncias por secuestro.

Si bien la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Iguala se ha convertido en el caso paradigmático que ha puesto al estado de Guerrero en los reflectores nacionales e internacionales, los secuestros llevan varios años representando una amenaza cotidiana para ciudadanos de todos los estratos sociales y regiones de Guerrero. Al respecto es importante recordar que el 30 de septiembre de 2010 fueron secuestrados veinte turistas michoacanos que se dirigían a Acapulco a vacacionar y cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común en Tuncingo días más tarde. Otro secuestro masivo ocurrió en febrero de este año, cuando un comando armado secuestró a catorce personas, entre ellas varios trabajadores de la minera Media Luna en las cercanías Cocula. Es importante destacar que en este último caso no existe una denuncia, pues las personas fueron liberadas al día siguiente por elementos de la policía comunitaria y la policía federal.

La simulación y los juicios mediáticos son parte fundamental de la táctica estatal para menospreciar la crisis de secuestros en la entidad. En el tercer informe de gobierno del ex Gobernador Ángel Aguirre se menciona que durante 2013 se detuvo a 233 probables responsables por el delito de secuestro, se desarticularon 38 bandas, se rescataron 139 víctimas y se consignaron 81 averiguaciones previas en las que se obtuvo el 99% de los correspondientes autos de formal prisión. Sin embargo, el informe omite decir que ninguna de las personas consignadas ha sido condenada, por lo que es de suponer, que la mayoría sigue esperando sentencia en prisión. Al respecto es importante destacar que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, el porcentaje de población penitenciaria que está procesada en espera de sentencia en 2013 es de casi del 50%.

Pero la simulación también se practica en el ámbito federal. El 8 de octubre de 2013 Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, dio unaconferencia de prensa donde declaró que gracias a una denuncia anónima se había desarticulado una importante organización criminal que operaba en Acapulco y que contaba entre sus filas con 13 policías federales en activo. En un juicio mediático violatorio del debido proceso, el vocero presidencial mostró a la prensa las fotografías de los inculpados y luego, tomando una página del mejor populismo penal, afirmó que la condena de los miembros de dicha banda seguramente rondaría los setenta años de prisión.

Guerrero es un ejemplo de que condenas más estrictas no desembocan en una disminución en al incidencia de secuestros. De hecho, de nada sirve que existan este tipo de condenas, si es que no se logra obtener ninguna sentencia para uno de los delitos de alto impacto más pluriofensivos que existen. Las capturas mediáticas, discursos triunfalistas y demás intentos gubernamentales por maquillar el contexto de violencia e impunidad podrán incidir brevemente en la percepción de seguridad pero la realidad termina imponiéndose y saliéndose de los pulcros comunicados de prensa como una cobra que se sale de un canasto.

Es un secreto a voces que varias regiones de Guerrero viven en un virtual estado de excepción bajo el control de los grupos del crimen organizado en contubernio con autoridades locales. Es importante tomar en cuenta esta realidad al revisar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE 2013) que nos arrojan una estimación de la cifra negra para el delito de secuestro cercana al 98.8%. Esto quiere decir que casi prácticamente la totalidad de los secuestros no son denunciados. El miedo y la desconfianza a las autoridades son los principales motivos.

Además de la cifra negra, es importante notar que alguna de estas denuncias pueden representar un evento criminal con varias víctimas. Entonces es altamente probable que además los secuestros que no fueron denunciados por miedo o desconfianza en las autoridades tengamos un subregistro por la forma en la que son reportados por parte de la PGJEG para ser publicados en el SESNSP. Con esta advertencia en mente, presentamos las estadísticas que fueron proporcionadas por PGJEG vía transparencia. Los datos de 2011 a 2013 son los siguientes:

De la tabla anterior es interesante observar el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas que fueron iniciadas, y cuántas fueron consignadas o se encuentran en trámite. Como se puede ver en la tabla: en 2011, de las 137 averiguaciones previas iniciadas 29 fueron consignadas y 108 siguen en trámite; mientras que en 2012, 42 fueron las consignadas y 123 en permanecen en investigación; finalmente en 2013, el número de denuncias consignadas fue de 73 y 134 siguen siendo investigadas.

El hecho de que solamente  28% de las denuncias hayan sido consignadas en tres años es una muestra de que el problema no es sólo la administración y procuración de justicia sino la propia investigación criminal. En resumen, en Guerrero el secuestro no se denuncia, no se investiga y no se condena, lo cual es el caldo de cultivo perfecto para que todo aquel que pueda y quiera se dedique al lucrativo negocio del secuestro.