La justicia guatemalteca vive uno de los momentos más críticos para su independencia, a pesar de que existe una ley de comisiones de postulación para seleccionar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones, entre otros. La justicia se tambalea porque el oficialista Partido Patriota y el principal partido de oposición (LIDER) se unieron para decidir quiénes serán los encargados de impartir justicia en los próximos cinco años.1
El nombramiento de magistrados ha sido cuestionado por diversas organizaciones de la sociedad civil, las que han demandado que se repita el proceso. Consideran que existe una falta de transparencia, cuestionando las negociaciones entre los partidos políticos y los integrantes de las comisiones de postulación, quienes en su mayoría son decanos de las facultades de derecho de las universidades del país y grupos de abogados con un historial de poder en las estructuras de justicia.2
El mismo Presidente de la República, Otto Pérez Molina, ha aceptado que han llegado a acuerdos sobre este tema con el principal partido de oposición, en circunstancias que en muchas ocasiones no se ha podido avanzar en leyes de importancia social para el país por la falta de acuerdos en el Congreso.3
Acción Ciudadana, una organización civil que trabaja en el tema de transparencia, ha presentado un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para anular la última elección de magistrados. La organización señala que se han violado artículos de la ley de la carrera judicial y que la comisión de postulación incurrió en ilegalidades al no cumplir con los requisitos establecidos para jueces, practicar favoritismos y elaborar la nómina a partir de cuotas y votos previamente acordados.4
La gota que derramó el vaso y ha puesto en serias dudas el proceso de selección es la reciente renuncia de la magistrada electa, Claudia Escobar, quien en una conferencia de prensa señaló que las comisiones de postulación ignoraron el procedimiento establecido en la carrera judicial y que hubo “intereses de los organismos Legislativo y Ejecutivo” en la elección reciente que hizo el Congreso.5
El 6 de octubre pasado se unieron más organizaciones y gremios para apoyar la demanda de repetir el proceso, entre ellos los jueces de primera instancia, quienes están amenazando con parar sus labores. En total, se han presentado 22 recursos legales, la mayoría para ser conocidos por la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de la justicia guatemalteca, la que deberá decidir en los próximos días si se repite el proceso.6
Las comisiones de postulación actúan como órganos independientes para seleccionar a los mejores candidatos. El Presidente de la República o los diputados del Congreso, según sea el caso, deben elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de las salas de apelaciones, al Fiscal General de la República, al Contralor General de Cuentas o al Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
Estas comisiones se integran para cada nombramiento, según lo establecido por la Ley de Comisiones de Postulación, aprobada en el año 2009 a demanda de la sociedad civil para escoger a los mejores candidatos y asegurar la independencia de su actuación.
En el pasado, los magistrados han tenido que resolver acciones legales en contra de ex presidentes de la República o de partidos políticos. Por ejemplo, entre las primeras tareas a resolver por los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral es si corresponde sancionar a los partidos políticos dadas las denuncias de que han realizado campañas políticas anticipadas para las elecciones generales que se celebrarán el próximo año.
Aunque para cada puesto de magistrado existen filtros que las comisiones deben tomar en cuenta y una tabla de calificaciones basada en la experiencia, la honorabilidad, estudios y antecedentes, estos filtros son obviados cada vez más por los integrantes de las comisiones de postulación. La mayoría de los miembros de estas comisiones son puestos por grupos de abogados (mediante una votación en el gremio) y logran asegurar el poder en las esferas de justicia.
Con la Ley de Comisiones de Postulación, la sociedad civil organizada ha logrado estar más vigilante de los nombramientos de funcionarios de Estado, pero aún así la normativa no ha sido del todo eficaz y deberá ser revisada, hasta lograr que cada funcionario tenga verdadera independencia. Lamentablemente, una vez más el poder está en manos del Congreso, y es muy difícil que logre aprobar una modificación a la normativa vigente.
Referencias:
1 Gramajo, Jessica. “Oscura elección de la Corte Suprema de Justicia”. Diario La Prensa. Disponible en:
2 Vásquez, B., Alvarado H., y Ramos, J. “Crece presión a CC para revertir elecciones a magistrados”. Diario La Prensa. Disponible en:
http://www.prensalibre.com.gt/postuladora_csj/Nacionales-procesos-postul...
3 Rodríguez, Manuel. “Presidente asegura que acuerdos entre Líder y PP van a continuar”. Diario La Hora. Octubre 2. Disponible en:
http://lahora.gt/presidente-asegura-que-acuerdos-entre-lider-y-pp-van-continuar/
4 Gaitán, David. “AC plantea amparo para revertir elección de magistrados”. Diario El Periódico. Disponible en:
5 Diario La Hora. “Magistrada renuncia, señala elección ilegítima de magistrados y pide nuevo proceso”. Disponible en:
http://lahora.gt/magistrada-renuncia-senala-eleccion-ilegitima-de-magist...
