El autogobierno en el sistema penitenciario es un fenómeno muy extendido en Latinoamérica que da cuenta de cómo bandas delictivas altamente organizadas le disputan al estado, muchas veces con éxito, el manejo real de las cárceles. De esta manera, el estado pierde uno de sus atributos constitutivos, el cual es tener el monopolio del poder coercitivo. Al analizar diferentes realidades, queda en evidencia que los primeros que sufren la violencia asociada al autogobierno penitenciario son los encarcelados que no participan en las bandas que gestionan los recintos penitenciarios.
Algunas cifras son reveladoras. En México, por ejemplo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe autogobierno en el 60% de las cárceles. Esto significa que el estado está sistemáticamente ausente, generando un caldo de cultivo para la proliferación y enquistación del crimen organizado. Según dicha comisión, este fenómeno trae aparejada la proliferación de la violencia: los diferentes grupos luchan entre sí por el control de las cárceles y las cuantiosas ganancias materiales que este dominio supone, en términos de venta de drogas, extorsiones, y el cobro por protección. La violencia en las cárceles mexicanas es tan alta que se estima que en 2010 murieron cerca de 400 reclusos en riñas.1
Otro país donde el autogobierno carcelario lleva a altos niveles de violencia es Venezuela. En distintos episodios violentos ocurridos en los primeros seis meses de 2013, por ejemplo, 289 reclusos fueron asesinados y 423 resultaron heridos, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones.2
Sergio Adorno, director del Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo, es categórico en su análisis regional: "el problema del crimen organizado ejerciendo el control de las prisiones pasa principalmente en Venezuela, México, Colombia, y América Central. En Brasil tienen mucha fuerza en las cárceles de San Pablo. Tal vez pasa menos en países como Chile, Argentina, y Uruguay, donde las características de la criminalidad son distintas (...) Como consecuencia de la crisis carcelaria, hace 10 o 15 años se expandió el sistema penitenciario. Esto favoreció que las bandas criminales se organizaran dentro de las cárceles y establecieran reglas de convivencia interna: quién puede matar y quién no, quién puede portar armas, cómo deben ser las relaciones sexuales (...) Hubo un gran cambio en los patrones de convivencia. El preso es hoy más obediente a lo que determina el crimen organizado que a los estatutos de la cárcel", agrega el sociólogo paulista.3
Marianela Sánchez, responsable del área judicial del Observatorio Venezolano de Prisiones, asegura que en su país "la violencia en las cárceles nace y se reproduce por el abandono de los diferentes órganos responsables del Estado (...) Venezuela es el el país con mayor violencia carcelaria de la región. Es el único del hemisferio en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró siete medidas provisionales por muertes en las prisiones. En la actualidad hay más probabilidades de morir dentro de una cárcel que en las calles de Caracas, y eso ya es mucho", agrega la especialista.2
El caso venezolano presenta una dificultad adicional: el sistema carcelario federal tiene capacidad para albergar a 16.539 reclusos, pero la población total para este año asciende a 52.933, lo que supone un hacinamiento del 320%. Ejemplos como lo ocurrido el 24 de enero de 2013 son tristemente comunes: en esa fecha, el gobierno ingresó con la Guardia Nacional a la cárcel de Uribana para aplacar un motín que se había gestado como respuesta a la crisis de hacinamiento. Fue una masacre: sesenta y un internos, dos visitantes y un oficial fueron asesinados.
El desafío de la Resocialización
El funcionamiento real de las cárceles hacen que estas se conviertan en escuelas del crimen. De acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, en un contexto de alta exclusión social, en el que las personas llegan cada vez más jóvenes a las prisiones, aquellos que son apresados por delitos menores y que tenían vínculos superficiales con el crimen organizado, tienen muchas probabilidades de terminar presos de él durante el encierro.4 "No se les ofrecen herramientas para cambiar su modo de vida”, asegura Sánchez. “Por el contrario, los presos salen peor de lo que ingresan". Para la abogada venezolana, esto explica en gran medida que "el nivel de reincidencia sea severo".2
En Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un diagnóstico similar para ese país: los efectos que tiene la prisión sobre los internos muchas veces son los contrarios a los buscados. Y las consecuencias de esta realidad son evidentes. "Se sabe que hay mucha reincidencia en los cinco años posteriores a la liberación. En la mayoría de los casos, esta es inmediata".5
Expertos en la materia coinciden en que este fenómeno no se da sólo por la influencia negativa de la cárcel, sino que también se apoya en que el Estado abandona a las personas luego de liberarlas. "No hay políticas públicas diseñadas para ayudar al interno cuando sale en libertad, tras atravesar un deterioro moral y psicológico incalculable", continúan desde el CELS. Así, parece imposible que los reclusos corten sus vínculos con el delito. "Hay una relación muy cercana entre el interior y el exterior de las prisiones”, dice la organización no gubernamental argentina. “Mucho de lo que pasa adentro es organizado desde los barrios bajos, y viceversa, los líderes que son encerrados continúan controlando los negocios desde la cárcel", agrega.
Considerando los problemas de autogobierno, violencia, hacinamiento y resocialización, parece necesaria una reforma profunda tanto en la administración de justicia como en el sistema carcelario. "Deberíamos pensar en modelos alternativos. La cárcel debería ser para las personas que cometen los hechos de violencia más graves, que tienen que estar aisladas para que no puedan agredir los derechos de otros. Pero para muchos jóvenes que van presos por ser pequeños traficantes y consumidores de droga, la cárcel no parece ser una buena solución, ya que allí terminan sometidos al crimen organizado", asegura Alberto Binder, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales e impulsor del Acuerdo de Seguridad Democrática.6 "Es preciso diseñar una política de seguridad que rompa con este ciclo. Que los magistrados apliquen penas alternativas, y que el Estado pueda realizar un seguimiento para que se cumplan", concluye el Dr. Binder.7
Referencias:
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Comisión Nacional de Derechos Humanos, Gobierno Federal de México (2011). “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”. Disponible en: http://dnsp.cndh.org.mx/archivos/DNSP_2011.pdf
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Observatorio Venezolano de Prisiones, (2014). “Informe semestral”. Disponible en: http://www.derechos.org.ve/2014/08/26/observatorio-venezolano-de-prisiones-presento-su-informe-semestral-sobre-la-situacion-carcelaria-en-el-pais/
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Adorno, Sergio (2007). “Criminalidade organizada nas prisões e os ataques do PCC”. Disponible en: http://www.revistas.usp.br/eav/article/viewFile/10264/11894
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación Argentina (2014). “Una gestión penitenciaria integral”. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/1126013/Una_Gestion_Penitenciaria_Integral_SNEEP.pdf
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Centro de Estudios Legales y Sociales(2010). “Duro informe del CELS sobre detenciones y cárceles en la provincia de Buenos Aires”. República Argentina. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1718011-duro-informe-del-cels-sobre-detenciones-y-carceles-en-la-provincia-de-buenos-aires
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Binder, Alberto (2012). “Acuerdo de Seguridad Democrática. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales”. Disponible en: http://www.asd.org.ar/el-blog/
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Genoud, Diego (2014). “La seguridad no es un problema de justicia social. No alcanza con mandar los pibes a la escuela”. Disponible en: http://www.lapoliticaonline.com/nota/79868-la-seguridad-no-es-un-problema-de-justicia-social-no-alcanza-con-mandar-los-pibes-a-la-escuela/.
